La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas.

Los alquileres continúan siendo excesivamente altos y la poca vivienda protegida es incapaz de abastecer la demanda. Mientras tanto, miles de ciudadanas y ciudadanos carecen de una vivienda digna.

El derecho a la vivienda es hoy una prioridad de cualquier administración pública.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y los niveles de endeudamiento de muchos ciudadanos, han provocado una situación a las que las políticas de vivienda no acaban de dar respuesta.

Más allá de la construcción de nuevas viviendas, las necesidades entorno a la vivienda en Pinto pasan por el abordaje de las patologías estructurales de los edificios, la rehabilitación bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores. Todos ellos son aspectos que no se pueden dejar aparte en estos tiempos de crisis. Además, la promoción pública de vivienda pasa por una reflexión sobre el régimen de tenencia más adecuado en un contexto de regresión económica, para ello se debe establecer políticas de vivienda social y comprometida.